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Pena corporal a facturas falsas

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Cámara de Diputados aprueba castigo a facturas falsas

La sanción para quien emita o utilice facturas falsas o apócrifas será de 3 a 6 años, de acuerdo con la aprobación del dictamen por la Cámara de Diputados de la minuta que reforma la fracción III del artículo 113 y adiciona un artículo 113 bis al Código Fiscal de la Federación (CFF).

 

El documento avalado con 417 votos y remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, también establece sanción de tres meses a seis años de prisión a quien adquiera los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

 

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismos que se han utilizado con el fin de obtener beneficio ilegal.

  

“La reducción de la evasión de impuestos fortalece los ingresos públicos y, por consiguiente, la sostenibilidad fiscal de los gobiernos y genera un impacto positivo en el bienestar de los países. Es pertinente fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes”, afirmó la panista.

    

De acuerdo con el Banco Mundial, México está entre los países más perjudicados por la evasión de las empresas, que coincide con las estimaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al detectar 10 mil empresas en todo el país dedicadas a la doble facturación. 

 

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex secretario de Egresos de la SHCP, Fernando Galindo Favela, señaló que la venta de facturas falsas es un problema para el SAT. 

 

Cada año la evasión fiscal por el uso de facturas falsas de empresas que simulan operaciones financieras ascienden a más de 750 mil millones de pesos, según datos de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. “La defraudación fiscal es un acto que no debemos de permitir”, afirmó Galindo Favela.

   

La aprobación de este dictamen se consideró por las diferentes fuerzas políticas como una avance de suma importancia, ya que coadyuva con las autoridades fiscales para tener mayor control de las operaciones que sustentan los comprobantes fiscales de los contribuyentes, así como el combate a la evasión y elusión fiscal, al disminuir la corrupción.  

 


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