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Contadores no estan certificados para denunciar clientes

Fiscal

Demandan quitar nueva obligación en el CFF para 2022

Los profesionales de la contaduría pública rechazan la reforma al código fiscal para el 2022 sobre su papel de informar sobre conductas fiscales inadecuadas de los contribuyentes que auditan.

El  Instituto  Mexicano  de  Contadores  Públicos,  A.C (IMCP),  que  representa  a  más  de  22  mil  agremiados  a  nivel  nacional;  la  Asociación  Mexicana  de  Contadores  Públicos,  Colegio Profesional  en  el  Distrito  Federal,  A.C (AMCP),  que  representa  a  4  mil 990 agremiados;  así  como  la  Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, A.C (FNAMCP) reiteraron que la medida propuesta generaría falta de objetividad del dictamen de estados financieros para efectos fiscales.

La facultad de investigar los delitos es del Ministerio Público, de acuerdo con el Artículo 21 Constitucional, puntualizaron los organismos colegiados de la contaduría pública.

Especificaron que obligar a un contador público a informar a la autoridad fiscal conductas de su cliente que puedan  constituir  la  comisión  de  un  delito  fiscal  y,  de  no  hacerlo,  considerarlo  encubridor  de  un  delito,  excede, en mucho, el trabajo de auditoría a los estados financieros y genera una amenaza de intimidación a la  objetividad  e  independencia  profesional  del  auditor,  en  franca  contradicción  a  lo  que  en  materia  de  independencia establecen el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento, las Normas Internacionales de Auditoría y el Código de Ética Profesional.

“Al obligar por ley a un contador público a informar a la autoridad fiscal conductas de su cliente que puedan constituir la comisión de un delito fiscal, lo convierten en parte del control operativo del contribuyente; es decir,  en  parte  de  la  administración  del  contribuyente,  lo  cual  desvía  al  contador  del  objetivo  de  una  auditoría, que no tiene que ver con la calificación de un hecho delictivo”.

En su caso, en primera instancia, quien debe hacerlo es la administración del contribuyente, y denunciarlo para que sea el ministerio público quien califique la probable comisión de un delito y un juez tome la última decisión.

Las  Normas  de  Independencia  del  Código  de  Ética  Profesional  prohíben  al  auditor  realizar  actividades  propias de la toma de decisiones del gobierno corporativo del contribuyente, por lo que un trabajo realizado en las condiciones a las que se pretende obligar al contador pierde independencia y objetividad.

El  contador  público  no  es  el  profesional  indicado para  informar  a  la  autoridad  correspondiente  sobre  las conductas de su cliente que puedan constituir la comisión de un  delito  fiscal,  pues  no  posee  el  perfil, las certificaciones, los conocimientos técnicos en materia penal, las habilidades, ni las facultades como autoridad para detectar la comisión de un delito fiscal, por lo que debe eliminarse de la iniciativa, demandaron los contadores públicos.


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