En el foro “Modificaciones a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obras para combatir la corrupción en las compras gubernamentales”, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) y presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal, Claudia Sofía Corichi García, insistió en que la normatividad debe corregirse porque cuenta con aspectos que pueden ser riesgosos.

Apuntó que un conflicto es la falta de acreditación fehacientemente que cuenta con recursos humanos, materiales y técnicos para poder ser proveedor.

Su iniciativa de reformas busca que el titular de la dependencia o entidad contratante sea quien suscriba los acuerdos y se cerciore fehacientemente que la entidad pública contratada cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del contrato y no subcontrate más del 49 por ciento.

Además, continuó, se deben pactar condiciones y términos para la aplicación de penas convencionales o deductivas a cargo del proveedor, derivadas del incumplimiento del contrato; establecer la obligación de la dependencia o entidad pública de registrar la totalidad de los contratos que se realicen, independientemente del tipo de proveedor, en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

El subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), José Gabriel Carreño Camacho, sostuvo que es necesario hacer ajustes al marco normativo.

Comentó que derivado de las problemáticas que se han dado en las contrataciones entre entes públicos y la creación de empresas fantasmas, la SFP emitió un oficio dirigido a los oficiales mayores para que se restrinja la contratación entre entes públicos y se privilegie una investigación de mercado para que se pueda definir si se hace con ese público u otro medio.

 Asimismo, la Secretaría de la Función Pública impulsó la creación de un grupo de trabajo plural en materia de contratos de obras públicas, en donde han intervenido organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y las entidades involucradas para realizar un diagnóstico coordinado, que tuvo como resultado 34 recomendaciones que a la fecha se están analizando. “Algunas de ellas se están previendo no sólo para este sexenio, sino también para el que sigue”.

Señaló que hay en puerta reformas a los reglamentos, tanto de la Ley de Adquisiciones como la de Obras. En las próximas semanas, aseguró, se estarán emitiendo estos nuevos ordenamientos, en los que se precisa que la contratación entre entes públicos debe tener una regulación más precisa en materia de investigación de mercado y supervisión, y que el participante acredite que cuenta con las capacidades técnicas, humanas y materiales para llevar a cabo el objeto de lo que se está pactando.

Explicó que algunas de sus propuestas, para una eventual reforma a las leyes, consisten en diferenciar los servicios de mantenimiento de los bienes incorporados a inmuebles, respecto de los trabajos de obras públicas, ya que existe una confusión y hay demasiadas consultas por parte de los entes públicos para ver cuál ley aplica. 

También se planteó establecer como obligatorio el registro de los proveedores o contratistas de las invitaciones restringidas o adjudicaciones directas, y vincularlos a una evaluación.

La especialista en fiscalización, María Luz Mijangos, sostuvo que para terminar con los vicios en las compras gubernamentales es necesario crear herramientas que incentiven a quienes realicen bien su trabajo y se fortalezca la transparencia de las licitaciones.