Locatarios de mercados fijos le solicitan una prórroga de 6 meses al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que reciban la capacitación para declarar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y obtener la cita para obtener la firma electrónica y el buzón tributario ante la desaparición del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) que instauró en la administración Peña Nieto.
El RIF fue diseñado como una estrategia para que los pequeños comerciantes tuvieran un pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) gradual en 10 años para pasar al régimen general, pero ahora con el régimen de la administración López Obrador, el Resico, pueden inscribirse, pero requieren que la facturación sea generalizada para que no se vean afectadas sus actividades.
El presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social 17 de Marzo (Monacoso), Alberto Vargas Lucio, solicitó al SAT apertura para dialogar sobre la situación que viven sus agremiados para que reciban la capacitación para declarar y puedan obtener la firma electrónica y su buzón tributario para cumplir con sus obligaciones tributarias.
“Muchos de los compañeros van a estar indefensos porque tienen que tener una contabilidad un poquito más seria de la que se tenía como RIF… y muchos compañeros no tienen firma electrónica, la página del SAT está muy deficiente ni siquiera se pueden hacer facturas y muchos ignoran lo que va a pasar y en un o dos meses se les requerirá el pago de impuestos, van a tener que contratar a un contador porque no es sencillo. Hemos tratado de hablar con el SAT y esperamos que en 2024 nos reciba”, advirtió Alberto Vargas Lucio, presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social 17 de Marzo.
El presidente de ConComercioPequeño, Gerardo López Becerra, advirtió que ante las nuevas condiciones que vivirán los locatarios de mercados públicos se corre el riesgo de que unos 2 millones de locatarios puedan verse afectados y pasarse a la informalidad por darse de baje ante la nueva etapa fiscal que les complica sus operaciones y ser sujetos de supervisiones que posteriormente le causen una multa de la autoridad.
“No tenemos la estructura administrativa para pagar los impuestos como las grandes empresas, entonces al poner al micro y pequeño comercio en la misma liga de las grandes empresas se ponen en desventaja”, puntualizó, Gerardo López Becerra, presidente de ConComercioPequeño.
Vargas Lucio invitó al SAT a salir de los escritorios y acudir a los mercados públicos para ver la realidad que se vive en las cuestiones de facturación, ya que en la Central de Abastos y otros lugares no te entregan la factura y eso provoca que no se tengan los documentos para realizar las acreditaciones para el pago de impuestos en el IVA y el ISR.
Por último, solicitó a la autoridad una prórroga de 6 meses para transitar y conciliar la forma en que el sector debe pagar los impuestos correspondientes y apoyar la factibilidad del negocio.
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