La lucha contra legal contra la defraudación fiscal se encuentra incompleta a pesar de los diferentes aspectos que se han aclarado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y requiere puntualizar cuestiones que permitan catalogarla como delito organizado.
Un documento de análisis de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social (CROSS) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), elaborado por Juan Carlos De Obeso Orendain destacó que la discusión generada al interior del Pleno de la SCJN sólo resolvió una de las distintas notas distintivas que edifican a la Reforma Penal/Fiscal.
Especificó que falta que el máximo tribunal de justicia evalúe la proporcionalidad y/o razonabilidad de las medidas legislativas tendientes a calificar los ilícitos fiscales como generadores de delincuencia organizada.
Asimismo, en las conclusiones, expuso que será necesario conocer a detalle la posición de cada uno de los integrantes del tribunal constitucional para identificar si se cumple con los requisitos que, y en materia de precedente obligatorio, se establecen tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como en la Ley de Amparo.
Por último, enfatizó que el modelo de aplicación e interpretación de las normas que regulan una restricción o limitación en el ejercicio de un derecho humano; ante la presencia de políticas fiscales, administrativas, presupuestales y criminales cada vez más radicalizadas, requiere una herramienta argumentativa para regularizar y encauzar la decisión legislativa a los parámetros constitucionales respectivos expuestos.
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