La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Fiscalía General de la República (FGR) han integrado 17 asuntos de grandes contribuyentes que globalmente adeudan más de 55 mil millones de pesos (mdp), en los que las autoridades judiciales han actuado en contra del interés nacional y el gobierno federal presentará quejas por su proceder.
El procurador fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, especificó que en 14 de estos casos no se ha permitido realizar las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales al obstaculizar la recuperación de estos recursos.
Destacó que de los 17 asuntos judicializados de grandes contribuyentes, en un 82 por ciento, el Poder Judicial de la Federación ha impedido que se llegue a la puerta de acceso del proceso.
Al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el procurador detalló que en 3 casosos el actuar de los jueces o magistrados ha evitado el avance de los juicios o procesos penales por un total de 80 mil mdp, lo que ha afectado la posibilidad de financiar programas de bienestar y obras de infraestructura.
Medina Padilla apuntó que una empresa del Bajío cometió defraudación fiscal, lo que ocasionó un perjuicio al pueblo por casi 300 mdp y enfatizó que la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la FGR, ha buscado llevar a juicio a los responsables. Sin embargo, se ha visto obstaculizadas por el juez de control en Querétaro, Eduardo Alberto Osorio Rosado, quien reiteradamente ha emitido resoluciones contrarias a la ley.
Precisó que este juez ha emitido fallos que ignoran los argumentos de la Secretaría de Hacienda, ya que ha sostenido que no está facultada para defender los recursos del pueblo, por lo que ha desconocido la calidad de víctima de la dependencia y ofendido el proceso penal, incluso en contra de los criterios de la SCJN.
El PFF agregó que los abogados hacendarios han logrado revertir sus determinaciones, lo que no lo exime de su responsabilidad y se presentará una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue este ilegal proceder, incluso una denuncia porque estas conductas podrían constituir delitos en contra de la administración de justicia.
Asimismo, dio a conocer que una empresa de gran tamaño con presencia nacional fue fiscalizada en 2010, 2011 y 2013, encontrándose que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil mdp por su gran estructura corporativa con diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que la obligue al pago de impuestos.
Medina Padilla puntualizó que dicha empresa solicita frecuentemente que la SCJN atraiga los casos con el propósito de suspender el curso de los juicios y retrasar su resolución, por lo que desde hace 13 años se han retrasado los litigios y no ha sido posible recuperar el dinero.
Puntualizó que en los últimos 8 meses, el ministro, Luis María Aguilar Morales, ha sido omiso en resolverlos sin causa justificada y atenta contra la Constitución y la propia naturaleza jurídica de la Corte.
El procurador fiscal afirmó que el gobierno federal presentará una queja contra el ministro por su actuar en este caso que involucra 25 mil mdp.
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