La reforma fiscal deberá ser instrumentada por el siguiente gobierno federal ante el mayor déficit público propuesto para este 2024, y así poder cumplir con los compromisos de bienestar y desarrollo, señalaron empresarios y analistas económicos.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) destacó que el paquete económico es realista, pero una alza de esta naturaleza para cumplir con los compromisos de terminar las obras de infraestructura obligan a pensar que en 2 años se deberá realizar una reforma fiscal que pudiera tener afectaciones a la economía familiar.
Ante el incremento de los Requerimientos Financieros del Sector Público constante en 48.8 por ciento del PIB entre 2024 y 2029, la estrategia que propone resulta poco creíble dado que en sus proyecciones el gasto de operación, el gasto de capital y el gasto no programable se reducirán en 1.3, 1.1 y 0.6 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2024 y 2025, destacó en una análisis BBVA.
En este contexto, BBVA indicó que ante la previsible fragilidad en las finanzas públicas en los próximos años por las presiones derivadas de los programas sociales, el continuo apoyo a Pemex, el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, el costo financiero de la deuda y el pago de pensiones públicas, será necesario que el siguiente gobierno federal diseñe e implemente una reforma fiscal que aumente los ingresos tributarios.
Detalló que debería ser una reforma fiscal de gran calado al buscar reducir la informalidad y contemplar una mayor eficiencia en la ejecución del gasto público.
La economista en jefe de Banco BASE, Gabriela Siller Pagaza, enfatizó que la siguiente administración deberá plantearse desde el inicio del sexenio una reforma fiscal, con el fin de evitar una crisis en los años siguientes por unas finanzas públicas presionadas por los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los empresarios y analistas consideran que un reto que deberá enfrentar la siguente administración es incrementar los ingresos para financiar el desarrollo y el bienestar de la población.
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